El famoso caso de Keira Bell ha abierto una puerta de esperanza a los menores que son encauzados, sin información suficiente, hacia tratamientos de cambio de sexo que cambiarán completamente sus vidas.
En diciembre de 2020, en una sentencia histórica del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales dictaminó que los niños menores de 16 años no pueden dar un consentimiento informado a la administración de bloqueadores de la pubertad. Asimismo, en la misma sentencia se consideraba que sí podrían hacerlo los mayores de 16, pero siempre y cuando tengan una autorización judicial.
Quiere volver a su sexo biológico
La sentencia era una respuesta a la demanda de Keyra Bell, de 23 años, contra la clínica Tavistock, el centro británico especializado en reasignaciones de género.
La británica Keyra Bell, con apenas 17 años le inyectaron testosterona y le hicieron una doble masectomía. Ahora, arrepentida, querría volver a su sexo biológico pero algunos de los cambios que se le hicieron son irreversibles. Considera que no se le advirtió ni se examinaron alternativas puramente psiquiátricas a su disforia de género.
El tribunal pudo escuchar a varios testimonios de chicas que dieron fe que los tratamientos de cambio de sexo habían arruinado su vida.
Es el caso de Lucy, quien declaró: “Estoy horrorizada de que, cuando me hicieron la histerectomía –extirpación del útero-, no me advirtieran de la importancia de esos órganos. Ahora es demasiado tarde. Tengo 23 años y básicamente, estoy en la menopausia. No puedo comprender cómo los médicos permitieron que esto pasara”.
Otra chica denunció que en la primera consulta con un médico privado en Londres, este le dijo que no había que perder tiempo y ese mismo día le inyectó testosterona: “Es lo que yo quería”, dijo, “pero ahora creo que era equivocado y que lo que realmente necesitaba es psicoterapia“.
lacontra.tv
Somos un conjunto de ciudadanos, padres y madres, que frente a la política estatal de implantación de la ideología de género en la educación chilena, y consientes del derecho originario, natural y constitucional de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos, nos unimos para exigir el respeto a este derecho inalienable, por parte del Estado, y de cualquier persona natural o jurídica, que nos lo conculque o incurra en omisiones que signifiquen lo mismo.