A través de un oficio al presidente del Congreso de la República, la bancada del Partido Morado solicitó la exoneración del dictamen de comisión al PL 790 Ley de identidad de género.
El objetivo, según sustentan los firmantes del documento e integrantes de la agrupación, Alberto de Belaunde y Daniel Olivares, es que la propuesta pueda ser evaluada en el Pleno lo más pronto posible.
La bancada exhorta ver la iniciativa de manera urgente a fin de garantizar el «derecho a la identidad de género», luego de que se evidenciara que militares y policías procedieran a identificar a las «personas trans» por su sexo biológico y no por su «género autopercibido» durante el estado de emergencia por el coronavirus.
“Nuestro pedido se fundamenta en la necesidad que dicho proyecto pueda ser considerado en la agenda legislativa de manera urgente, y así se abra la posibilidad que el Estado Peruano cuente con un instrumento normativo que garantice el derecho a la identidad de género de nuestros ciudadanos y ciudadanas que están expuestas a situaciones de vulnerabilidad tal como ha sido advertido en la crisis sanitaria que vivimos por el COVID-19”, se lee.
“Ello nos permitirá tener la claridad sobre la necesidad de presentar otra iniciativa de manera multipartidaria que esperamos pueda ser prontamente evaluada por el Legislativo”.
Fueron las congresistas izquierdistas Marisa Glave e Indira Huilca quienes elaboraron el proyecto de ley de identidad de género en el 2016 con ayuda de la organización Red Trans Perú.
La iniciativa busca el reconocimiento legal de las identidades de género, el respeto de la identidad autopercibida, las expresiones de género y el libre desarrollo de la personalidad conforme a la identidad de género.
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Somos un conjunto de ciudadanos, padres y madres, que frente a la política estatal de implantación de la ideología de género en la educación chilena, y consientes del derecho originario, natural y constitucional de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos, nos unimos para exigir el respeto a este derecho inalienable, por parte del Estado, y de cualquier persona natural o jurídica, que nos lo conculque o incurra en omisiones que signifiquen lo mismo.