RAZONES PARA VOTAR «RECHAZO» EN EL PLEBISCITO

Hay tres argumentos para oponerse a iniciar este proceso constituyente: la violencia con que se origina, el costo que implicarán los dos años de incertidumbre que llevará completarlo, y la limitada cantidad de cambios que se verificarán respecto al texto hoy vigente

 

n mis clases en New York University, a menudo uso una metáfora de la Guerra de las Galaxias para explicar al Chile de hoy. Augusto Pinochet es Darth Vader y Chile es Luke Skywalker. El gran problema que enfrenta Chile hacia adelante es aceptar, por un lado, que el modelo económico que nos ha convertido en el país más desarrollado y con menos pobreza en América Latina fue impuesto, por la fuerza y con dolorosa violencia, por la dictadura militar y ser capaz, por el otro, de combatir el lado oscuro de la fuerza que representa el legado de Pinochet.  Después de la muerte de este en diciembre de 2006, su legado no desapareció.

De hecho, resulta irónico que, precisamente después de que la Constitución fue profundamente reformada en 2005 –y el nombre del propio Pinochet fue removido de la carta fundamental– se intensificaron los llamados a abolirla y remplazarla por una redactada en democracia.

De hecho, la primera vez que un candidato presidencial prometió una nueva Constitución fue en la campaña de 2009. El entonces diputado Marco Enríquez-Ominami, que recién había renunciado al Partido Socialista –en una campaña que, por cierto, apoyé con entusiasmo–, fue el primer aspirante a la primera magistratura en proponer ese cambio. Al poco andar, el candidato de la centroizquierdista Concertación, Eduardo Frei, hizo lo propio. Desde entonces, casi todos los abanderados de izquierda han incluido la propuesta de una nueva carta constitucional como parte de sus promesas de campaña.

ILEGITIMIDAD NO ES RAZÓN SUFICIENTE

Es innegable que la Constitución de 1980 –modificada repetidas veces en democracia y sustancialmente alterada en 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos– nació con ilegitimidad de origen y continúa siendo un legado de la dictadura por más que haya sido modificada y por más que la gran mayoría (sino todos) sus enclaves autoritarios han sido eliminados. Pero esto no es razón suficiente para querer una nueva. Varios países incuestionablemente democráticos tienen constituciones con orígenes ilegítimos o que, a la luz de cómo han evolucionado sus sociedades, serían considerados hoy de esa manera. Es más, ese argumento de la ilegitimidad de origen se puede usar para destacar la capacidad que hemos tenido los chilenos de poder desarrollar una democracia plena y vigorosa a partir de una carta fundamental que fue diseñada precisamente para obstruir la democracia. Más que estar avergonzados por ese origen, debiéramos estar orgullosos de haber podido construir una democracia pese a la camisa de fuerza que originalmente representaba el texto constitucional de Pinochet.

Pero las principales razones por las que parece poco conveniente hoy emprender un proceso constituyente tiene que ver con tres argumentos: la forma en que llegamos aquí, el costo que implicarán los dos años de incertidumbre económica y social que llevará completar el proceso, y la limitada cantidad de cambios, respecto a la Constitución actual, que incluye la lista de supermercado de reformas que predominan entre los que abogan por una nueva carta fundamental.

LA VIOLENCIA

Primero, la forma en que se gestó el proceso constituyente es contraria a los valores y prácticas democráticas que tenemos hoy como país. En las elecciones presidenciales de 2017, una mayoría de los chilenos que se tomó la molestia de ir a votar apoyó a un candidato que expresamente se opuso a la promulgación de una nueva Constitución. Porque la democracia supone que los conflictos políticos se dirimen en las urnas y que las promesas y programas de gobierno que reciben más votos tienen más legitimidad que los programas que resultan perdedores, parece impropio que el gobierno de Chile Vamos se vea obligado a impulsar un proceso constituyente que no recibió apoyo mayoritario en las urnas.

Es verdad que, en 2013, la candidata presidencial Michelle Bachelet ganó la elección prometiendo que impulsaría un proceso constituyente. Pero ella no tuvo apoyo en su propia coalición para impulsarlo. Por eso mismo, pese a haber intentado promover un proceso constituyente a través de diálogos ciudadanos no vinculantes, Bachelet nunca logró avanzar en él. Pocos días antes de dejar el poder –como un saludo a la bandera–, envió un proyecto de ley con una propuesta de nueva Constitución. Curiosamente, ese proyecto incluía algunos elementos creativos que nunca estuvieron presentes en los diálogos constitucionales, como un periodo presidencial de cinco años y periodos legislativos de cuatro años. Pocos días después, al asumir el poder, el presidente Sebastián Piñera retiró el proyecto del Congreso.

Ahora bien, un gobierno bien pudiera verse obligado a cambiar sus prioridades o, ante cambios en las correlaciones de fuerza o en las preferencias de la ciudadanía, optar voluntariamente por adoptar prioridades distintas a las que lo llevaron al poder. Pero ninguna de esas condiciones se cumple hoy. La razón por la que el gobierno –y la coalición derechista Chile Vamos– se abrió a impulsar un proceso constituyente fue el estallido social. Cuatro semanas después de que comenzaron las manifestaciones, marchas, incendios y saqueos, los partidos de derecha firmaron un “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”. El propio título del acuerdo reconoce que la motivación detrás del pacto era recuperar la paz social. Nunca sabremos si ese acuerdo hubiera sido posible solo con marchas y demostraciones pacíficas. Pero lo que sabemos es que la motivación de muchos de los firmantes era terminar con la violencia y recuperar el orden público, objetivo que, por cierto, no se cumplió. Luego, como ya han señalado varios intelectuales (al primero que le escuché articular ese argumento formalmente fue a Alfredo Jocelyn-Holt), este proceso constituyente nace también producto de la violencia. No es la misma violencia que vio nacer la Constitución de 1980 –y, si tuviéramos que categorizar niveles de violencia, esta violencia es menor que la de entonces– pero es imposible argumentar que este proceso nace de un proceso ciudadano pacífico. Nace de un estallido social caracterizado por la violencia.

LA INCERTIDUMBRE

La segunda razón tiene que ver con los costos económicos y sociales asociados a la incertidumbre e inestabilidad que inevitablemente resultarán de un proceso constituyente que, en el mejor de los casos, producirá una nueva propuesta de Constitución a fines de 2021. El hecho de que, a la par del proceso constituyente, haya un gobierno de derecha que no cree en el proceso, con minoría en el Congreso e impopularidad récord en la historia democrática del país, conforma una combinación políticamente tóxica.

Es verdad que resulta imposible identificar un momento óptimo para impulsar un proceso constituyente. Por definición, tendrá costos cualquier movimiento que genere incertidumbre sobre las reglas del juego que regirán el funcionamiento futuro de la democracia. Pero hay formas y formas de lidiar con esos costos. El proceso de reforma constitucional impulsado en el gobierno del presidente Ricardo Lagos (entre 2001 y 2005) logró minimizar los costos porque, a la par del avance de las negociaciones, el gobierno impulsaba una serie de reformas económicas que promovían la inversión y el crecimiento.

La diferencia del gobierno de entonces con el actual radica en que, si bien también tuvo problemas con sus niveles de aprobación, Lagos era un presidente que gozaba de legitimidad democrática y política. En cambio, hoy Piñera goza de legitimidad democrática, pero no política.

Nadie puede cuestionar que Piñera fue electo democráticamente. Si bien hay sectores que acusan a su gobierno de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, hasta ahora no hay evidencia concluyente de que el Presidente haya ordenado, alentado o tolerado tales violaciones. Si él es culpable de algo en materia de derechos humanos, su culpa es compartida con presidentes anteriores y tiene que ver con la incapacidad de la policía de Carabineros para desarrollar procedimientos adecuados para asegurar el orden público y para asegurarse de que los protocolos que hoy existen sean respetados por todos los funcionarios.

Sin embargo, sí parece evidente que Piñera no posee la legitimidad política para impulsar reformas y adoptar medidas económicas que reduzcan la incertidumbre que genera el proceso constituyente. Los propios partidos de derecha ven en Piñera un pasivo costoso. Ni el bando de los que abogan por el “apruebo” en el plebiscito de abril de 2020 ni los que hacen campaña por el “rechazo” quieren a Piñera en sus filas. Políticamente hablando, el presidente tiene lepra. Un gobierno así de débil solo ayudará a empeorar la incertidumbre económica que genera un proceso constituyente. Aun si resulta exitoso –y en 2022 logramos tener una Constitución que sea claramente más legítima y aceptada por una amplia mayoría de los chilenos– el costo del proceso constituyente será alto, especialmente, para los más pobres y los más susceptibles a perder el empleo, y muy probablemente también contribuirá a aumentar las brechas de desigualdad que existen en el país.

MUCHO RUIDO, POCOS CAMBIOS

En su genial cuento de 1939, Jorge Luis Borges narra la supuesta hazaña de Pierre Menard, un escritor francés de comienzos del siglo XX que quiso escribir su propia versión de El Quijote de la Mancha. El personaje inventado por Borges logró escribir solo un par de capítulos cuyo contenido era idéntico a los capítulos originales de Cervantes. La inutilidad del proyecto de escribir, de forma autónoma e independiente, un libro que sea idéntico a otro que ya existe resulta apropiado para describir el proceso constituyente que algunos quieren impulsar en Chile. Si uno revisa la lista de cambios constitucionales por los que aboga la mayoría de los promotores más moderados del proceso constituyente, la única conclusión posible es que se está ante un caso de mucho ruido y pocas nueces. Las propuestas por el reconocimiento de los pueblos indígenas (a mi juicio, muy necesario e injustificadamente retrasado), los cambios en atribuciones y poderes del Tribunal Constitucional (cuestión que apoyo, pero que no constituye una cuestión de vida o muerte para la democracia), la reducción de las super mayorías para muchos asuntos que debieran requerir mayoría simple (también apropiado, pero no cosa de vida o muerte) y varios otros asuntos de menor importancia (aunque no triviales) no parecen ser suficientes para justificar un proceso constituyente. Bastaría con reformas a la Constitución actual. Ahí, claramente, la responsabilidad no recae en los que abogan por una nueva carta, sino en aquellos que, aprovechando su poder de veto, se han negado a impulsar o aceptar esas reformas, es decir, la derecha política chilena. Como una familia que quiere una casa nueva, los chilenos tenemos que decidir si derribar la casa anterior, o simplemente remodelarla sin comenzar –y aquí uso intencionalmente el concepto– desde una hoja en blanco.

ESTO NO ES EL PLEBISCITO DE 1988

A diferencia del plebiscito de 1988, cuando los chilenos debían escoger entre la permanencia del dictador en el poder y una transición hacia la democracia, en el plebiscito de abril de 2020 los chilenos deberán optar entre dos opciones legítimas y válidas. Es un error –o un acto de mala fe democrática– pretender que hay una opción moralmente superior. Hay buenas razones para votar apruebo, pero también hay buenas razones para votar rechazo. El verdadero test de los demócratas será aceptar la voluntad de la mayoría que decida participar en el plebiscito del 26 de abril. Los verdaderos demócratas aceptarán que la voz del pueblo es la voz de Dios, emprendiendo el camino del proceso constituyente o aceptando que la voluntad popular ha sido dotar a la Constitución de 1980 de ese sello de legitimidad que no tuvo en su origen. MSJ

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