El 1 de junio el pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reunió para revisar la causa rol 10.270-21, en la que la trabajadora de casa particular –como ella misma se define– Romina del Pilar Elorza, a través de un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, acusaba que la prohibición de selección de estudiantes en el proceso de admisión “cercenaba” el proyecto educativo del establecimiento particular subvencionado British Royal School de Concepción, al no poder garantizar el paso de los estudiantes que ingresaron en la etapa de playgroup hacia prekínder.
Lo que se trató de hacer con la Ley de Inclusión fue justamente eliminar la selección académica, lo que es fundamental, por lo tanto, incorporar ese criterio a la asignación implicaría un cambio legal.
El TC resolvió en un fallo dividido, de 6 a 4, y que contó con los votos favorables de la presidenta del organismo, María Luisa Brahm, y de los ministros Iván Aróstica, Juan José Romero, Miguel Ángel Fernández, Cristián Letelier y José Ignacio Vásquez, el Tribunal Constitucional acogió un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que prohíbe la selección en el proceso de admisión escolar. El requerimiento –presentado por una ciudadana particular a nombre del colegio British Royal School de Concepción y patrocinado por el excandidato a constituyente Patricio Zapata– parecía en el papel un caso de rutina en el marco de las cientos de causas que analiza periódicamente el TC, pero en los hechos implicó la posibilidad cierta de que, a través de este fallo favorable, se abra la puerta para convertir en letra muerta –o al menos permitir su elusión– a la emblemática Ley de Inclusión Escolar, promulgada durante el segundo mandato de Michelle Bachelet y que terminaba con la discriminación por la selección escolar en colegios que contaran con subvención de parte del Estado. «Lo que el TC estaría aprobando es que los alumnos pueden saltarse el SAE… y eso es saltarse la ley”, sostuvo un exfuncionario del Gobierno de Bachelet.
Hay una fase aleatoria que va ordenando de manera ciega el proceso. Esto puede generar que, efectivamente, familias con alumnos que tengan un muy bien rendimiento académico, queden excluidas del proceso, porque las notas hoy no son un criterio de asignación de cupo.
– Fernando Peña
Somos un conjunto de ciudadanos, padres y madres, que frente a la política estatal de implantación de la ideología de género en la educación chilena, y consientes del derecho originario, natural y constitucional de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos, nos unimos para exigir el respeto a este derecho inalienable, por parte del Estado, y de cualquier persona natural o jurídica, que nos lo conculque o incurra en omisiones que signifiquen lo mismo.
EXCELENTE noticia!! Hay que darla a conocer, es muy importante para las Familias!!
Excelente Noticia! Los Padres deben enterarse que la tómbola de Bachelet puede ser ignorada!